El veto presidencial

– Por Elena Valero Narváez –

Después del anuncio del vicepresidente Cobos -quien decidió con su voto que fuera ley el proyecto que autoriza el 82 % móvil del salario mínimo a las jubilaciones- Aníbal Fernández catalogó al vicepresidente como “traidor” por haber votado positivamente.  La Presidente no se quedó atrás: además de denominarlo “okupa”  aseguró que vetaría la ley, hecho que se concretó a las pocas horas de dicho anuncio.

“Evidentemente el gobierno deberá asumir el costo político de una decisión arbitraria que se explica por el modelo elegido que basa su gestión en la noción de reparto sin tener en consideración la previa creación de riqueza.”

Deja un sabor amargo  saber que  la ardua labor de la oposición para conseguir quórum y los votos suficientes para lograr una ley que responde a la imperiosa necesidad de mejorar la calidad de vida de uno de los sectores sociales más postergados en nuestro país, valió poco y nada.

La razón lógica, si se mira con ojos kirchneristas, es que nuestra presidente no puede prescindir de los  fondos de la ANSES, los cuales, desde la estatización de los depósitos, los viene direccionando hacia fines diferentes a los que fueron creados. ¿Qué sería del gobierno si permitiera que  llegaran a sus lógicos destinatarios, los jubilados?

La lucha del Poder Ejecutivo en contra de las decisiones del Legislativo muestra que el poder de veto convierte en nulo el trabajo de los legisladores por sancionar leyes que se oponen a los designios presidenciales.

Monopolizar la toma de decisiones es la meta fundamental de la presidente tras la cual todos los medios son lícitos. En este caso el poder de veto es el arma constitucional que les permite dar por tierra con la firmeza de la oposición y del vicepresidente Cobos para lograr la promulgación de dicha ley.

Si bien el poder de veto desde su creación ha intentado dar al Ejecutivo un arma contra leyes indebidas y hacer de contrapeso entre ambos pilares del gobierno, hoy se ha convertido en un arma que anula una medida claramente justa y necesaria y que podría servir para revertir una política de desatinado gasto público.

Será imposible, ahora, conseguir una mayoría de 2/3 en ambas cámaras para que el Poder Ejecutivo se vea obligado a promulgar la ley que los jubilados reclaman con legitimidad y justicia.

La tiranía del poder central  se hace patente por este medio constitucional que le permite al ejecutivo seguir consumiendo como quiere el ahorro de la clase pasiva: Cristina Kirchner seguirá monopolizando la toma de decisiones.

Me pregunto si no debería limitarse el poder de veto para que no continúe siendo nulo el papel que la Constitución asigna al  Congreso como lo muestra este caso paradigmático en que gobernantes, claramente autoritarios, dejan de lado la responsabilidad, el decoro y la transparencia que debieran tener mandatarios elegidos para representar con dignidad a quienes los eligen.

El Gobierno se niega a aceptar la voluntad de la mayoría parlamentaria aduciendo que, si promulgara la ley, entraría en bancarrota el estado nacional, lo que no es cierto.

Sin embargo, continuará con la política populista de subsidiar a los empresarios amigos, los proyectos de Hebe de Bonafini y de las organizaciones sociales piqueteras, el aumento de empleos públicos, el apoyo irrestricto a Moyano y a los medios de comunicación favorables al gobierno y a las empresas estatales deficitarias. También continuará con la cooptación de funcionarios, el futbol para todos, sin que importe que gran parte de los recursos utilizados para ello  correspondan a los jubilados.

Si bien la Constitución faculta a la presidente a vetar la ley votada en el Congreso, este caso muestra que debiera revisarse esta atribución ya que muestra ser un arma en manos de gobernantes inescrupulosos para debilitar la independencia que la Constitución pretende dar a los tres poderes.

Es de esperar que el Poder Ejecutivo dirima con responsabilidad el conflicto que asoma como un nuevo round entre oposición y gobierno pero que no solo afecta la labor parlamentaria sino también a un sector que urgentemente necesita ser tenido en cuenta.

Evidentemente el gobierno deberá asumir el costo político de una decisión arbitraria que se explica por el modelo elegido que basa su gestión en la noción de reparto sin tener en consideración la previa creación de riqueza.

Es así como deben recurrir al robo liso y llano de recursos que no le pertenecen sin que les importe que afecte negativamente a  sectores cada vez más amplios de la población.

Los lineamientos generales de la política kirchnerista llevan a la necesidad de un Estado poderoso y concentrado tal como el que Chávez está delineando en Venezuela. Destruye el funcionamiento de los mercados,  la opinión pública institucionalizada, la formación de un sistema de partidos  y el fortalecimiento de la propiedad privada. Todo ello va en contra  del proceso de mejoramiento ético que  comenzó en 1983 con la instauración de la democracia y con el cual la mayoría de los argentinos aún soñamos.

La decisión de vetar la ley, tanto como el creciente gasto público, evidentemente, desatarán conflictos de diferente intensidad y carácter que harán tambalear la fortaleza del actual gobierno.

Elena Valero Narváez. (Autora de “El Crepúsculo Argentino”. Lumiere.2006)

evaleronarvaez@hotmail.com

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