Es la demagogia, estúpido

Por Denis Pitté Fletcher

La democracia, como sistema de elección de los gobiernos, es un valor que no permite, por políticamente incorrecto, su descalificación o cuestionamiento.

A fuer de vivir los latinoamericanos en general, y los argentinos en particular, de golpe en golpe, hemos concluido en que el método democrático no admite reparos ni límites, elevándolo a la categoría de primer valor en la escala axiológica de la política. Hemos así, digámoslo de modo einsteniano, absolutizado lo relativo.

Y es que, efectivamente, en abstracto, la idea de que los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes y que éstos actúen en representación de aquellos, no puede merecer más que aplausos y adhesiones. Es, idealmente, el sistema perfecto.

Pero, lamentablemente, la democracia argentina y de gran parte de Latinoamérica no funciona así en la realidad. Se trata, en los hechos, de una estrategia pacífica utilizada para la obtención del poder político absoluto.

En 1899, Edward Bernstein escribió “Las Precondiciones del Socialismo”, y mostró en él que el mejor camino al socialismo –es decir, al poder político absoluto- era la democracia. Básicamente, entendía que la revolución violenta al estilo marxista-engeliano era un error, pues por la vía democrática resultaba más fácil la violación de los derechos individuales –propiedad y libertad- y el establecimiento de la dictadura del proletariado, que final e inevitablemente, deriva en la dictadura de los políticos sobre el proletariado.

El mecanismo no era nuevo, pues ya Aristóteles describió el fenómeno de la demagogia como modo de llegar al poder, pero sí lo era el hecho de utilizar la democracia ilimitada como vía al triunfo del socialismo.

Ahora bien; ¿qué es y qué esconde el socialismo en sus distintas variantes? El socialismo es una idea romántica que pregona la igualdad de todos los humanos en todos los ámbitos: la igualitaria “distribución del ingreso”, la generosidad y solidaridad con el prójimo, la desaparición de la pobreza y de la riqueza y de toda desigualdad que se genere dentro de una sociedad civil.

Es, en esencia, la idea del igualitarismo a ultranza, un canto de sirena que atrae a las multitudes que necesitan -¡oh triste naturaleza humana!- que los mejores sean iguales a ellas. No la igualdad ante la ley, sino la igualdad mediante la ley.

En materia económica, es decir, en el plano puramente material, el socialismo promete darle al pobre todo lo necesario para sacarlo de pobre, otorgarle mil beneficios, asegurarle los medios para obtener educación, salud, alimentación, vivienda y esparcimiento, y llevarle la tranquilidad –el sentimiento más parecido a la felicidad- de que su futuro está asegurado. Es la promesa del fin de la angustia.

Pero qué esconde, además de una gran injusticia inherente, este romántico credo de la política vernácula y universal.

En primer lugar, no dice que el derecho de dar conlleva necesariamente el derecho de quitar, pues como el Estado no produce riqueza, para cumplir su promesa de repartir debe previamente depredar a quien sí produce y posee riqueza. Esta depredación se instrumenta de diversos modos, el más común de los cuales es el sistema tributario, que no es otra cosa que el derecho del gobierno de violar los derechos de los ciudadanos.

¿Cuál es la consecuencia, además de resultar violatorio de la ética y los derechos individuales, de este sistema en que los políticos reparten lo ajeno y se quedan con la mayor parte? La inevitable degradación del sistema productivo general, al quitar a los que producen el incentivo para hacerlo, y la generación de mayor pobreza, generadora a su vez de mayor clientelismo y del poder político absoluto.

La Venezuela de Chávez es un claro ejemplo de esto último. El “democrático” dictador venezolano ha impuesto allí el “socialismo siglo XXI”, procediendo a estatizar empresas a mansalva, controlar los precios, fijar los salarios por decreto, controlar en forma absoluta al Poder Judicial, encarcelar a opositores –previo curso acelerado en la isla de los Castro-, espantar a los inversores extranjeros y nacionales, incrementar de manera colosal el gasto público –la herramienta fundamental de las dictaduras socialistas-, aliarse con las peores dictaduras del mundo, adquirir armamento para la creación de sus milicias y comisariatos políticos, apoyar al terrorismo de las FARC y el ELN, y cuantas más medidas resultan útiles para su proyecto tiránico.

Pero Chávez subió al poder mediante el voto popular. El origen de su poder es democrático. Del mismo modo que Hitler, quien obtuvo plebiscitariamente el 99% de los votos del pueblo alemán. El consejo de Bernstein resultó acertado.

Así, nuestros pueblos, que son fáciles al engaño populista, llevan a que nuestros países terminen en manos de los peores gobernantes, que solo buscan su bienestar personal y el sometimiento de los demás.

Precisamente, nuestros padres fundadores tomaron nota de esta característica de la democracia latinoamericana, y por ello en la Argentina se implementó la Constitución de 1853, cuya fundamento filosófico es precisamente el respeto de los derechos individuales como límite al poder, creándose así no solo una nueva forma de gobierno sino una nueva función del gobierno copiando el sistema inventado por los Estados Unidos de Norteamérica, con un Poder Judicial independiente cuyo rol era el de ser custodio de esos derechos, con poder para declarar la nulidad de toda ley o norma contraria a la Constitución, es decir, violatoria de los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad, y a la propia búsqueda de la felicidad.

Por ello, nuestra democracia no es una democracia de mayorías, sino una democracia constitucional y republicana, pues con la letra y el espíritu de la Constitución de 1852 ninguna mayoría circunstancial puede violar los derechos de las minorías y de los individuos.

De otro modo, no haría falta una Constitución, pues bastaría que las mayorías escojan a sus gobernantes y éstos ipso facto quedarían investidos del poder absoluto derivado de esa elección, en cuanto al representar a la mayoría todo aquello que los gobernantes decidieran resultaría legítimo, aún la persecución de las minorías.

Por ello Madison sostuvo que “cuando el individuo está sometido al arbitrio de las mayorías se ha vuelto al estado de naturaleza en que el más débil está a merced del más fuerte”. Realidad también advertida por Lord Acton: “lo que el esclavo es en manos del amo, el ciudadano es en las manos de la comunidad”.
Y no se trata solo de semántica.

En 1852, antes de la batalla de Caseros en que salimos del lema rosista de “religión o muerte” para pasar al “ni vencedores ni vencidos” de la unidad nacional, la Argentina era uno de los países más pobres de Latinoamérica, con 80% de analfabetismo y ninguna seguridad jurídica que justificara invertir y producir.

Con el sistema de la Constitución de Alberdi, en que se resolvió respetar a ultranza los derechos individuales y se diseñó el mecanismo apropiado para su protección, en 1920 ya éramos el séptimo país del mundo, por delante de Australia y Canadá, con solo 20% de analfabetismo y una riqueza que impresionaba a las demás naciones y atraía a nuestros abuelos, produciéndose así lo que se dio en llamar el “milagro de la historia”.

Ese milagro fue increíblemente destruido por las propias elites argentinas que no comprendieron el enorme significado ético de los derechos individuales a la vez que veían con muy malos ojos el sistema de límite al poder que les impedía mandonear alegremente a los demás, dando lugar a un nacionalismo católico exacerbado que terminó con el sistema de la Constitución e inició la decadencia que aún padecemos, actualmente en manos de otra vertiente antiliberal, la izquierda social-fascista.

Claro que, esta vez, utilizando bernstenianamente el sufragio universal para legitimar la violación de los derechos en nombre de la solidaridad universal, que lleva necesariamente al poder político absoluto y a la inseguridad jurídica cuya consecuencia es la pobreza, el clientelismo estatal, la deseducación y la mediocridad general.

Por ello, debemos tomar conciencia de esta trampa mortal de la política vernácula y universal, y sostener el imperio de los derechos individuales, que no es otra cosa que la pretensión de no ser esclavos de los políticos y de desplegar nuestra libertad con el solo límite de la libertad de los demás.

Abogado

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