En los albores del Bicentenario, se vuelve necesaria una nueva Revolución de Mayo

Conocer nuestra Historia verdadera suele enfrentarnos dolorosamente con nuestra actual decadencia moral. El reconocimiento de nuestras tradiciones se vuelve imperioso en circunstancias críticas como las que atraviesa nuestra patria.

Entre 1820 y 1852, diversos grupos sociales con proyectos políticos diferentes se enfrentaron en su puja por constituir un Estado. La diferencia surgía en la forma de organización política que expresaban para el nuevo Estado, el centralismo y el federalismo.

En el centralismo todos los niveles de gobierno estaban subordinados al poder central. El federalismo, en cambio, se basa en la asociación voluntaria o federación de Estados, que encomiendan algunas de sus atribuciones para constituir el Estado Central.

Desde 1828, el autonomísimo se acentúa en Buenos Aires con Juan Manuel de Rosas, quien sostenía que, antes de organizar la federación, las provincias debían mejorar sus respectivas administraciones, al tiempo que evadió la constitución de un Estado central. La gran ciudad con su dominante puerto de Buenos Aires organizaban la economía del país todo. Mientras las provincias reclamaban al Gobierno Central la libre navegación de los ríos y aranceles de aduana que protegieran sus industrias locales.

Las casi tres décadas perdidas hasta la sanción de una Constitución Nacional reforzaron a una poderosa y pujante Buenos Aires, gracias principalmente a su puerto, que posibilitó la construcción de un país desigualmente cruel.

En febrero de 1852, Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros, librada contra su comandante del ejército de operaciones contra Brasil, y gobernador de Entre Rios, Justo José de Urquiza.

Después de la caída de Rosas, el Congreso Constituyente en Santa Fe sancionó la Constitución Argentina de 1853. La cual -a pesar de sus intenciones- no solucionó el drama nacional, fue aprobada con el apoyo general de los gobiernos provinciales e inspirada en la doctrina política del federalismo; estableció un sistema republicano de división de poderes, con autonomía provincial y un poder Ejecutivo fuerte, limitado por un Congreso, cuyo propósito era el de equilibrar la representación poblacional.

Recién en la década del 30, por la grave crisis económica mundial que produjo una retracción general de los flujos comerciales internacionales, más precisamente en 1935, se implementó el primer sistema de coparticipación de impuestos, en auxilio de aquellas provincias deficitarias.

En ese momento, la distribución primaria establecía que la Nación se quedaba con el 82% de los recursos y las provincias con el 17,5%, hasta la sanción de la ley 23.548 de 1988, que estableció una distribución primaria del 42,34% para la Nación y del 54,36% para las provincias. No obstante, durante la década del noventa hubo pactos que tuvieron cierta influencia en la asignación de recursos.

Esta herramienta trató de subsanar la asimetría nacional, vigente desde 1810, por la cual las provincias relegadas y olvidadas por el poder central, sufren un permanente atraso educativo, y deben batallar por salir de la pobreza, la indigencia, y la falta de desarrollo económico.

El matrimonio al mando del ejecutivo hace casi 6 años, no se destaca por solucionar los problemas, sino por agravarlos o al menos barrerlos debajo la alfombra (“donde la suegra no vea”).

Las provincias cerraron en 2008 con rojo fiscal por primera vez en cinco años.

El gobierno nacional es el mayor acreedor y la Administración K pone condiciones a los mandatarios para refinanciar la deuda, a pesar de su temor a las cuasimonedas.

Los pasivos provinciales crecieron hasta llegar a 93.200 millones de pesos y triplican los valores de 2001, ante la mirada inconmovible y satisfactoria de los Kirchner.

Esta situación llevo a varios gobernadores a prevenir a la presidenta Cristina Fernández; si la Nación no les remite las partidas de fondos que le adeuda, provocará la declaración “de la emergencia económica” provincial, y la posibilidad de emitir ¿Bonos Patrióticos? o las denominadas cuasimonedas.

¿Por qué estos reclamos? La situación fiscal de las provincias, según un informe del IADER, es cada vez más comprometida. Nuevamente en 2009, las provincias argentinas acusarán déficit primario.

Un estudio del Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales remarco; “la desaceleración significativa en la tasa de crecimiento tanto de la recaudación como de los envíos por coparticipación, y el aumento vertiginoso en el gasto salarial, explican el deterioro en el ahorro provincial, que en 2009 podría alcanzar un rojo financiero superior a $11.500 millones”.

Entre los muchos daños que provoca esta situación está la desnutrición y la mortandad infantil, por causas absolutamente evitables, solo en el primer año de vida.

El director de la Fundación para la Salud Materno Infantil informa en su último documento que en lo que va de este año murieron 4.000 bebes, no obstante tener un origen previsible y remediable.

Desde que los K desgobiernan este País me pregunto: ¿Cuál es el País que nombra la Sra. Cristina, respetuoso de los Derechos Humanos? Tal vez para ella el de Manuel Zelaya en Honduras sea más importante que los 9.300 chicos muertos en 2007.

Nunca se soluciona un problema si no se reconoce que existe o se lo oculta con cifras absurdas como aquellas a las que nos tiene acostumbrados el IndeK.

Por Francisco Montesano, periodista.

http://blogs.clarin.com/conflictos-y-dilemas/posts

http://nuevoencuentro.com/franciscomontesano/

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