POLÍTICAS DE SEGURIDAD

 Por Juan Carlos Maggi (Miembro del IPI*).

     En octubre de este año 2009 asistí a un acto que tuvo lugar en el Club Italiano de la C.A.B.A. con el fin de reclamar al Gobierno de la Ciudad que deje sin efecto su política de apoyar la construcción de un centro comercial en la calle Avellaneda al 1400-1500. Brindé mi modesto apoyo a este acto en calidad de vecino del barrio de Caballito porque no soy partidario de la construcción de nuevos centros comerciales en nuestra ciudad, con la excepción de aprovechamientos de edificios ya existentes como fue el caso del Mercado de Abasto de la ciudad.

Los centros comerciales concentran actividades sociales, que de otra manera transcurrirían en las calles y comercios que se han instalado e instalan “ a cielo abierto” y que desarrollan su actividad comercial haciendo que las calles sean lugar para la libre circulación de personas y que no sean dominadas por la “lacra social” constituida por todos aquellos que consideran que sus derechos propios no terminan cuando comienzan los ajenos.

Lo dicho no es un invento personal. Hay ciudades que solamente permiten la construcción de centros comerciales tipo “Shopping Center” fuera del perímetro y a determinada distancia de las mismas. El centro comercial es un atractivo natural para la concentración de actividades. Brinda seguridad, tranquilidad, estacionamiento, etc. y esto induce a que comercios que se encuentran instalados en sus locales originales, se tengan que instalar en estos centros comerciales, porque la calle va quedando una especie de “tierra de nadie”, donde la barbarie comienza a reinar en forma proporcional a la despreocupación del poder político en cumplir con su obligación de brindar la seguridad a la que está obligado por ser el detentor legal del monopolio del ejercicio de la violencia.

El resultado es conocido. Se acaba el placer de caminar por las calles y esta acción se transforma en una actividad que se realiza por necesidad y con el mayor estado de preocupación y miedo por la inseguridad reinante. Este aparente comentario desestabilizador muestra el camino a una degradación sin límites a la que nos dirigimos si no adoptamos las medidas que la experiencia exitosa de otras ciudades nos puede aportar.

Tenemos el caso de Nueva York, donde en el período de 1996 a 2000 fue aplicado el principio de que “La reducción de la criminalidad conlleva un sentido renovado de seguridad civil. Si una ciudad es segura, florecerá; la gente deseará hacer negocios ahí”. (1) 

Lo importante es que nuestro gobierno de la ciudad y el nacional recuerden que “El derecho civil número uno es el derecho a estar libre de la delincuencia” (1). Hay consejos simples para darle a la Policía Federal y a la futura Policía de la C.A.B.A., tales como: “Si se pone atención a los delitos menores, se termina resolviendo los mayores” (1), o también aquel que reza: “El éxito en la aplicación de la ley se mide por las vidas salvadas, los crímenes prevenidos y la vitalidad de una ciudad restaurada” (1).

Al gobierno de la C.A.B.A. yo le recuerdo que una ciudad restaurada, llena de vida, como podría llegar a ser Buenos Aires, puede ser una mina de oro en materia de impuestos. No hay en el mundo muchas ciudades como Buenos Aires. Este concepto puede ser extendido a toda la Argentina, ya que sus recursos turísticos son excelentes. Solamente falta seguridad e infraestructura para que las cosas mejoren. 

Con respecto a las causas legales que afectan a nuestra seguridad, se percibe claramente que a partir del 10 de Diciembre próximo, nuestro Congreso Nacional tendrá una composición más representativa del pensamiento nacional que la actual. En el año 2006 hubo una tentativa del poder ejecutivo, de aprobar una reforma del Código Penal Argentino, con un espíritu totalmente opuesto al sentir nacional. Prueba de ello fue el apoyo de 5.545.000 firmas, a la carta enviada por la Fundación Blumberg al Jefe de Gabinete de la Nación Argentina (23-05-2.006) donde se le solicitaba que se suspendiera el envío al Congreso Nacional de la Resolución Nº 736, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. El motivo alegado fue que el mencionado proyecto inspiraba reformas que estaban en las antípodas de la filosofía que una voluntad mayoritaria de los argentinos pretendía introducir en la legislación penal argentina.

 El gobierno entendió el mensaje y guardó el mencionado proyecto de reforma para presentarlo nuevamente “DENTRO DE UN PAR DE AÑOS, CUANDO LA SOCIEDAD ESTÉ MEJOR PREPAPARADA PARA ACEPTAR LA PROPUESTA”, citando las palabras del ministro del interior en funciones en esa época. Como se ve, la intención de un fuerte grupo de poder con presencia marcada en el gobierno nacional, es la de impulsar una reforma de nuestro Código Penal y el de Procedimientos,  que los haga más benignos con los delincuentes y facilitando el tráfico de drogas.

 A este respecto recuerdo que “Sin duda existe un nexo entre las drogas y el crimen. Con las drogas sobreviene la violencia. Al igual que la prostitución, la venta de drogas es parte de un mercado económico alternativo: el mercado negro; y la única forma de atacarlo es hacer que el costo del negocio sea muy alto” (1). Por este motivo la sociedad debe ahora reunir nuevamente sus fuerzas para impulsar una reforma que se oriente en el sentido opuesto, o sea que torne nuestros códigos menos benignos con el crimen organizado, de forma similar a los códigos de países cuyas sociedades saben defender sus derechos.

 Entendemos que el mejor camino es mencionar los temas que la sociedad desea reformar y el objetivo que se desea alcanzar, dejando a los especialistas que el Congreso Nacional designe, la tarea de transformar los textos de los artículos, para plasmar en ellos el espíritu de las reformas propuestas. 

   Por los motivos expuestos exigimos una verdadera reforma del código penal argentino para evitar que una justicia “pseudogarantista” encuentre algún elemento legal para condenar a quien tiene que premiar por su actitud y a liberar a quien tiene que quedar marginado para protección de la sociedad. El Artículo 33 de nuestra Constitución Nacional reza: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidas como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.

El Preámbulo de la Carta Magna sostiene que entre sus objetivos está “afianzar la justicia” y “consolidar la paz interior”. Será bueno que nuestros gobernantes perciban que hay dos frentes de batalla que están íntimamente relacionados: Uno es la lucha contra la miseria del pueblo y la falta de oportunidades y el otro la lucha contra la falta de seguridad. Cada frente tiene sus campos de batalla donde éstas deben ser libradas con TODAS LAS ARMAS LEGALES DE QUE SE DISPONGA. Cabe al Gobierno, en calidad de Primera Garantía Pública entender que tiene una responsabilidad prioritaria consistente en HACER EFECTIVOS EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LA PAZ. 

OBSERVACIÓN: Los textos escritos “en negrita” y marcados con (1) han sido extraídos del libro SEGURIDAD, de Howard Safir, ex jefe de policía de la ciudad de Nueva York, en el período de la administración de Rudolph Giuliani (1.996-2.000).     

JUAN CARLOS MAGGI

Ingeniero electromecánico

DNI: 4.515.597

C.A.B.A. – 7 de Diciembre de 2.009.-

* Instituto de Pensamiento e Investigación de Foro Republicano

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: